Las investigaciones sobre la vinculación entre las FARC y algunos sectores de la sociedad representa unos retos formidables para la sociedad colombiana y para su institucionalidad.
Estas indagaciones son parte de las averiguaciones que hace la justicia colombiana con el propósito de establecer el tipo y la calidad de las relaciones entre políticos y actores armados, vale decir, entre personas vinculadas con la institucionalidad y que tienen responsabilidades de impacto público y aquellos que están por fuera de la legalidad, independiente de sus motivos y justificaciones. Y digo que representa un reto formidable básicamente por las siguientes razones:
Estas indagaciones son parte de las averiguaciones que hace la justicia colombiana con el propósito de establecer el tipo y la calidad de las relaciones entre políticos y actores armados, vale decir, entre personas vinculadas con la institucionalidad y que tienen responsabilidades de impacto público y aquellos que están por fuera de la legalidad, independiente de sus motivos y justificaciones. Y digo que representa un reto formidable básicamente por las siguientes razones:
Primero, porque se desarrolla en un contexto de polarización política que le imprime al trabajo de la Corte Suprema y de los organismos de investigación judicial una presión incomoda, cierto condicionamiento a obtener resultados a toda costa. También ese contexto de polarización hace que toda indagación preliminar, escenificada en los medios de comunicación, se convierta en acusación y juicio sumario.
Segundo, implica un incentivo negativo para aquellos que han tenido voluntad y posibilidades de tender puentes con los actores armados para procesos de negociación, con la pretensión de desactivar las condiciones más dramáticas del conflicto. Creo que eso está doblemente dificultado por la insistencia en el carácter terrorista de estos actores, lo que convierte en ilegítimo cualquier acercamiento y a quien lo adelante lo hace blanco de señalamientos de apoyo al terrorismo. Esto desestimula y cierra puertas a la paz negociada. Pero además, aparente paradoja, las revelaciones recientes demuestran que las FARC además de acciones terroristas hacían política con gobiernos extranjeros y con sectores sociales y que por lo tanto su aislamiento, también era un asunto por demostrar.
Tercero, es fundamental defender la autonomía de la justicia y abogar por que el proceso pueda llevarse a cabo sin tropiezos. Pero, al tiempo, resulta fundamental que el proceso no constituya una mordaza para la oposición. Este aspecto del problema tiene que ver menos con las actividades de los organismos de justicia y está más relacionado con la utilización que de información privilegiada hagan algunos funcionarios del gobierno para desprestigiar con ligereza a personajes públicos y organizaciones incómodas por las críticas que hacen frente a la forma de dirigir el Estado. Es decir, lo deseable es que haya investigación pero que ella pueda sustraerse de la polarización política, que coloca las investigaciones -ni siquiera sus resultados- como un arma contra el opositor.
De manera un poco más general, hay una pretensión de distribución "igualitaria" de la culpa, lo que no resulta siempre saludable. Si toda la sociedad está implicada, eso demostraría que "nadie" tiene la calidad moral para reclamar por las responsabilidades políticas. Y ahí radica un meollo fundamental para solución política del conflicto. Será muy importante que además de las implicaciones judiciales, se asuman y se discutan las implicaciones políticas, que se caractericen bien la clase de vínculo y los beneficios que se derivaron de esas relaciones. Y creo que en esto las responsabilidades son diferenciables y en el reconocimiento de esa diferencia nos jugamos la posibilidad de solucionar las cosas por una vía distinta a la de echarle tierra a los problemas y tratar de homogeneizar en la culpa para no encontrar los responsables efectivos de este desangre .
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