Marco Polo dice a Kiblai Kan:
“El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y darle espacio” (I. Calvino)Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales y nos han convocado aquí para que, en unos pocos minutos, expongamos nuestros puntos de vista acerca de esta coyuntura política. No deja de ser una tarea ardua frente a la cual sólo podemos responder parcialmente y reconociendo dos limitaciones concretas: primero, ninguno de nosotros podrá anticipar completamente lo que sucederá en los comicios del 30 de mayo y, segundo, ocupándonos de lo que hasta ahora ha sucedido tenemos que proceder por la vía del bosquejo parcial, incompleto y, seguramente, demasiado simplificador de la complejidad del proceso político. Por suerte las restricciones de tiempo sirven como excusa de nuestras muy seguras miopías y lo que ofreceremos será un panorama para que cada cual contraste con su idea del problema y comience a elaborar algo más satisfactorio, una explicación mejor elaborada. Tal vez por ese camino, que es tortuoso y colectivo, podamos lograr una mejor compresión de lo que está en juego en el proceso electoral y de su importancia para el futuro de las instituciones democráticas.
Me guiaré en esta reflexión por el siguiente derrotero. En primer lugar haré unas observaciones sobre la situación del Estado colombiano y el funcionamiento de sus instituciones. En segundo lugar, pasaré a referirme a las elecciones como evento democrático y lo que las condiciona en nuestro medio. Finalizaré con una referencia específica a las candidaturas, tratando de caracterizar las opciones que se presentan y las alternativas de futuro que nos ofrecen.
1. El Estado, sus instituciones y las garantías para el fortalecimiento de la democracia
Uno de los acumulados de los últimos 8 años de gobierno está asociado con un proceso de desinstitucionalización altamente contagioso, en el que, persiguiendo la consolidación de diversos –y muchas veces entrelazados- proyectos económicos, sociales y militares se ha justificado el cambio y la maleabilidad de las reglas del juego político en diversos niveles. El supuesto que ha guiado esta práctica es que las reglas deben estar al servicio de la consolidación de aquellos proyectos e intereses, que son presentados como el sumo bien de la patria. Este proceso se gesta a instancias de una persona que ostenta el cargo más importante, que tiene bajo su mando mucha gente y cuantiosos recursos burocráticos, militares y simbólicos, todos ellos de gran valor en el ejercicio del poder. La tragedia que comporta esta adaptabilidad caprichosa de las instituciones consiste en que sobre la base de la crítica sumaria –y muchas veces falsa o incompleta- del pasado político reciente, se proponen remedios que resultan peores que la enfermedad. Peores sobre todo porque a pesar de que se hable constantemente de políticas de Estado, de lo que se trata muchas veces es de “improvisaciones de gobierno”, de un gobierno que confunde hacer Estado con durar “largo tiempo en el poder”. Confusión garrafal y contraria a la idea del gobierno de las leyes, tan necesaria cuando el capricho y el antojo del pater-familias son las guías del Estado.
Y aunque hoy se explota la sensación de que se ejerce más autoridad o que los colombianos se muestran más sumisos frente a las armas, aunque no frente a la ley; y aunque se diga que hay más control territorial (lo que puede ser cierto pero inestable y a veces impreciso), persisten problemas graves de soberanía y problemas aun más graves de legitimidad. De lo primero son muestra la pugnacidad de las llamadas bandas emergentes; lo segundo se evidencia en el inadecuado funcionamiento de agencias como el DAS –que la propia Fiscalía calificó de empresa criminal-, la Comisión Nacional de Televisión, el actuar censurable de ministros que no cayeron por el sustento de una aplanadora parlamentaria en cuya balanza siempre tienen más peso las prebendas burocráticas que las razones. Las acciones de guerra que producen desplazamiento y muchas ejecuciones de civiles desarmados. El imperativo de la eficacia –en la guerra y en los negocios es decir en el anverso de de las seguridad y la confianza inversionista- siempre ha supuesto incomodidad con el apego a la ley. El mandato del actual gobierno y el actuar de sus agentes ofrecen cantidad de ejemplos atroces al respecto.
En medio de un conflicto armado largo, sangriento y con múltiples aristas motivacionales y estratégicas, la sociedad colombiana ha tenido que soportar el peso económico, social, político y militar de la ilegalidad, que ahora incrustada en el corazón de muchas agencias gubernamentales, ha puesto al servicio de intereses de corto plazo -del gobierno, de sus funcionarios, de la coalición parlamentaria, de los contratistas y de los mafiosos- la estructura del Estado, deteriorándola y minando sus posibilidades de consolidación a largo plazo. De esta manera los retos más graves al orden democrático y las regulaciones constitucionales provienen no de quienes están al margen sino de agentes que amparan sus decisiones en un engañoso respeto de las instituciones, que ellos mismos se han encargado de erosionar.
2. Las elecciones: la competencia por el poder y el poder en competencia
La importancia de estas elecciones radica en que se celebran después de estrenar el modelo de reelección y sobre todo luego de “intentar” por casi todos los medios una segunda extensión del periodo de gobierno del actual presidente. Por eso el significado normativo y práctico de esta contienda tiene que ver con la salvaguarda del principio de alternancia en el poder como una garantía de pluralismo democrático.
En el tiempo transcurrido de esta campaña se pueden identificar dos momentos claves. El primero estuvo marcado por “la encrucijada del alma” del primer mandatario, por su presencia abrumadora como “candidato inconfesado” y por las gestiones de cambios normativos que hicieran realidad el sueño dorado del uribismo: la permanencia del supremo en la cúpula del gobierno. En estas condiciones los otros competidores –continuistas y opositores- estaban condicionados para actuar en la sombra, cargando con el peso de la figura del primer mandatario que, utilizando la ambigüedad como su mejor estrategia, mantenía el control de la favorabilidad y de la intención de voto, restando drásticamente posibilidades a todos los otros aspirantes. Durante los momentos más duros de este predominio, a la duda estratégica del primer mandatario se agregaba el estribillo “si no es Uribe, ¿Quién?”, que constituía una forma de reducción de las alternativas por efectos del mesianismo, por efectos del líder probado y sobre todo por efectos de quien tenía la sartén burocrática y de poder por el mango.
El segundo momento arranca con el “banderazo” marcado por la decisión de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el referendo reeleccionista a finales del mes de febrero. Esta señal de arranque puso a todos los competidores a tratar de ocupar la primera línea. Santos y Arias, tal vez los más favorecido con la decisión del tribunal, pasaron de ser comodines en caso de ausencia de Uribe en la contienda, a ocupar el lugar de “candidatos de la continuidad”, a ser los garantes del proyecto a largo plazo. De otro lado, Pardo, Petro, Vargas Lleras, Los Tres Tenores, Fajardo y otros más, encontraron el momento de perfilarse como alternativas frente a la agenda dura del uribismo. Tenían que afrontar la tarea de hacer creíbles sus aspiraciones en términos de programas, de equipos políticos y de favorabilidad en la opinión pública.
Además de lo anterior, vale la pena resaltar otros elementos característicos de estas elecciones. El primero es la duración de la campaña. Como ya hemos advertido tuvo un primer tiempo monótono y largo, controlado por sólo uno de los jugadores; y un segundo tiempo acelerado en el que se agolparon propuestas, encuestas, debates y muchos candidatos, desmintiendo en la práctica la idea de que no teníamos alternativas para ser gobernados. El segundo elemento tiene que ver con la intervención del gobierno en la campaña. Resultaría un eufemismo hablar de mensajes velados por parte del presidente y de sus ministros. Todos están en campaña y sus mensajes son directos y a favor del candidato de la continuidad. Una intervención que revela el malestar con el riesgo de dejar el poder, el temor a la alternancia y la falacia de las políticas de Estado de sello uribista. “Políticas de Estado” que, puestas al servicio de la campaña, agravan el deterioro de las instituciones gubernamentales, de sus agencias y de sus programas sociales. La estrategia dominante de “meter miedo” y explotar electoralmente la vulnerabilidad económica, muestra un juego democrático sustentado en un electorado temeroso y subsidiado, que resulta fácilmente cooptable para los propósitos de la continuidad del deterioro. El tercer elemento característico de estas elecciones tiene que ver con los poderes regionales que probaron sus fuerzas en las elecciones parlamentarias. Es cierto que los resultados de aquellas elecciones no son transitivos respecto a las presidenciales, pero son un capital inicial para muchas campañas y no cabe suponer que estos poderes –con dinero, a veces con armas y en todo caso con votos cautivos- no intervendrán en el proceso de escogencia del primer mandatario. Para ello no es necesario suponer que los candidatos pidan personalmente el favor. Ahí están esos poderes y su intervención supondrá un cumulo de votos importantes, proclives a favorecer las opciones de continuidad, a pesar de que su visibilidad sea estratégicamente menor que en las parlamentarias. Además de esto, cabe advertir el riesgo de fraude, en medio de un sistema electoral frágil y que depende mucho de operadores regionales con intereses partidistas muy específicos.
3. Las opciones en el partidor: una oferta alta y unas alternativas estrechas
Se sabe más o menos bien cuáles son las alternativas que están en competencia. Descritas de derecha a izquierda podemos poner a Santos en la derecha dura, seguido de Vargas Lleras y Noemí Sanín; en un segundo tramo la alternativa de centro-derecha de Mockus-Fajardo, seguida por la de Rafael Pardo más ubicada en el histórico centro del programa liberal y podemos poner a Petro como representante consiste de un programa de izquierda. También entran en juego un exmagistrado de la Corte: Jaime Araujo, el exconcejal de Bogotá Jairo Calderón y el candidato por firmas y en huelga Robinson Devia. El conjunto de candidatos propone ideas muy variadas y en general mucho más ricas de lo que dejan entrever los debates electorales y las puestas en escena de cada una de las campañas.
Es común insistir en las cosas que acercan estas candidaturas –por ejemplo, la continuidad de los programas de seguridad- pero creo que esta cercanía es medianamente espuria, en la medida en que se dan por sentados unos éxitos sin un examen detallado y público de los resultados. Es razonable suponer que los candidatos tienen una versión más detallada y critica de su posición frente a la seguridad, pero al momento la cosa parece secundaria. No se dice mucho acerca de la valoración sobre la eficiencia de esta política (relación gasto/resultados) y la manera cómo controlar sus efectos perversos sobre los derechos humanos. La identidad que hay sobre este tipo de políticas es explicable más bien por la fuerza que adquieren algunos modelos exitosos, que resultan imitables en su forma o frente a los cuales resulta muy costoso tomar distancia.
Pero en esta última parte permítaseme subrayar algunos elementos para el debate.
A. Una primera mirada muestra a los partidos que ostentan base electoral propia, esto es, que tienen representación nacional y regional significativa, como es el caso del liberalismo, el conservatismo, El Polo e incluso CR, presentan en la actual contienda candidaturas débiles y de bajo registro. Ello no quiere decir candidatos de bajo perfil, sino alternativas que han sido sometidas, creo que de manera muy eficaz, a una erosión de sus electorados propios, dificultándoles de paso sus posibilidades de crecer ante la opinión pública. El complemento de esto es la estrategia de aquellas candidaturas que funcionan como polos de atracción en la lógica del voto útil. Nótese por ejemplo que son estas candidaturas las que defienden la idea de que hay que ganar en primera vuelta, en una competencia cerrada entre dos; mientras que las otras refuerzan el mensaje de que en la primera vuelta se debe dejar de lado el “voto útil” y se debe votar por la opción más cercana a las preferencias del elector.
B. Una segunda estrategia significativa es la de dos coaliciones que en todo caso desbordan el tamaño de la organización del la que toman el nombre: el Partido de la U y el Partido Verde. Estas procuran interpretar los movimientos enigmáticos de un electorado volátil, en el que cuajan de manera más clara mensajes generales, alusiones al estilo gobierno, evitando pronunciamientos más densos y discutibles sobre políticas sectoriales. Sobre estas estrategias acaso valga una caracterización adicional: la campaña de Santos ha dedicado muchos recursos a atraer actores políticos regionales y locales de los partidos tradicionales, se mueven fácilmente al amparo de la prebenda y de la promesa de incorporación a un futuro gobierno. Esto hace de esta una candidatura grande, pero con muchas ataduras, que no se parece a la de Uribe del 2006, sino que más bien copia el modelo de Uribe 2006. Por su parte, Mockus es el otro polo de atracción electoral. Pero le apuesta mucho más a las adhesiones voluntarias, al impacto mediático de la ola y mantener en mucha libertad al núcleo duro de los líderes de campaña y a sus equipos de trabajo: Mockus-Fajardo-Peñalosa-Garzón. Arriesgando una clasificación por comprobar diría que la campaña de Santos depende mucho más de la maquinaria y de los acuerdos con redes políticas regionales y locales, mientras que la de Mockus, está tiene más libertad, pero se juega su suerte en medio de un voto incierto y volátil.
C. La competencia mediada por la tv, la prensa y la radio, espacios estos útiles para difusión de lemas, consignas y para lidiar con los resultados de los sondeos electorales, ha sido determinante en un proceso de reducción de alternativas, en el sentido de distinguir no al buen candidato –el de los programas, el de la experiencia- sino al que se presenta con posibilidades de ganar la contienda, independiente de la calidad de su programa de gobierno e incluso de su habilidad para moverse en el mundo político. En muchas puestas en escena se ha hecho muy evidente la ventaja acumulada por aquellos candidatos que ostentan experiencia parlamentaria –Pardo, Petro y Vargas Lleras-, no obstante lo cual dicha experiencia no parece contar para el arrastre del electorado flotante e indeciso.
D. Uno tendería a creer que resulta determinante para la decisión del electorado la trama que se construye con la personalidad del candidato, los apoyos que cultiva (que valen por cantidad y por calidad); además de la capacidad de enviar mensajes precisos y sencillos a sus electores en medio de un clima de opinión que de ninguna manera está bajo el control del candidato ni de sus estrategas de campaña.
Esto último lo digo con cierta reticencia dado que hay evidencias que muestran que las candidaturas que se presentan con más opción son las que más tartamudean y dudan sobre sus estrategias y mensajes. Esto me hace pensar que vista la dinámica política el seguro que algunas candidaturas tienen para su paso en la primera vuelta es frágil. La competencia está abierta, y a pesar de las encuestas, siguen vivas más de tres opciones.
Quedará por saber cuál va a ser el papel del fraude, de la clientela, de las votos movilizados a través de subsidios estatales y de del caprichoso movimiento del voto urbano y de opinión.
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