“…En el ayer que me tocó, la gente era ingenua; creía que una mercadería era buena porque así lo afirmaba y lo repetía su propio fabricante.” (J.L. Borges)
Parte de nuestros afanes como sociedad en el ámbito de la política se relacionan con la promoción de la participación. Fue ésta, por ejemplo, una de las consignas de la Constitución de 1991 y como consigna guió algunos de sus desarrollos posteriores. Incluso, un capítulo especial de sus promesas –incumplidas o por realizarse- está asociado con la tensión entre democracia participativa y democracia representativa. Por eso, cuando se convoca ampliamente a los ciudadanos para la toma de decisiones, se producen entusiasmos y prevenciones. Sin embargo, estas actitudes deberían estar acompañadas de un análisis concienzudo de las implicaciones que en cada caso tiene el uso de los instrumentos que viabilizan la participación de los ciudadanos. El referendo, como uno de tales instrumentos, debería provocar entre los ciudadanos bien informados reflexiones acerca de las posibilidades que ofrece de ser un recurso para promover una democracia de mayor calidad o propiciar todo lo contrario.
Uno de los caminos que debe recorrer esta reflexión es el de afinar la distinción entre el instrumento y los usos que pueden dársele. Me apoyaré en esta comparación. Una motosierra es una herramienta de primera necesidad y su utilidad está fuera de discusión en las empresas de explotación forestal. Sin embargo, y para nuestro infortunio, también se convirtió en el símbolo del terror, por el uso que de ella hicieron mafiosos, narcotraficantes y paramilitares. Las razones que esgrime el empleado de la empresa forestal para el uso del instrumento son sustancialmente distintas a las del asesino; los resultados que pueden mostrar uno y otro también se distinguen nítidamente. El diseño del instrumento estuvo pensado para la primera de estas tareas, lo que no evitó su nefasta utilización en actividades delincuenciales, mas nunca como recomendación del manual de instrucciones original. En síntesis, la herramienta tiene un diseño respecto al cual se puede mostrar utilidades en abstracto. No obstante, una valoración más ajustada tiene que hacerse con respecto a los usos concretos de la herramienta: con ella pueden producirse desenlaces satisfactorios, algunos menos alentadores y otros francamente perjudiciales, como en el caso de una moto sierra en manos de un asesino.
Algo parecido ocurre con el referendo: puede ser utilizado tanto para promover una mejor democracia como para destruir las instituciones políticas y obtener beneficios personales. En este caso, poner la atención sólo en las “utilidades de manual” del referendo, no conduce a aclarar las consecuencias significativas de esta experiencia para la estabilidad política. Partiendo de un “saludo” en abstracto a la bandera de la participación se esquiva lo fundamental de la discusión, al ignorar que sus virtudes y defectos se desarrollan en un proceso político, con actores e intereses concretos. La participación, que es un activo muy valioso para la sociedad, no constituye el santo y seña exclusivo de la democracia. Para que ésta y los mecanismos que la viabilizan, como el referendo, sean democráticos es indispensable el respeto de las reglas del juego, la estabilidad de los procedimientos y –de manera más sustancial- que no se trafiquen intereses descaradamente particulares, aprovechando el aval de un grueso número de ciudadanos. Esto es lo que ocurre actualmente cuando se convoca a la gente para que, con su voto, legitimen un cambio de reglas que beneficia a una persona, a su círculo de amigos y contratistas.
Como se sabe, los mecanismos de participación no se activan de manera espontánea. Para ello se necesita quien los promueva y afronte las tareas procedimentales. Sacar adelante una iniciativa de esta clase implica, entre otras cosas, esfuerzos de difusión para conquistar el apoyo popular y generar un clima de opinión favorable a la iniciativa. La relación entre el referendo, su contenido y los ciudadanos está mediada por agentes interesados en algo más que la promoción de la participación, que buscan incentivos que no se reducen a la pura satisfacción de ver a la gente en las urnas. Esto es claro, por ejemplo, en el papel de algunos contratistas del gobierno nacional en el actual referendo. Su intervención directa o través de terceras personas, en una suerte de testaferráto, en la financiación y promoción de la iniciativa deja claro que hay algo que les preocupa y mueve. ¿Un interés altruista en mejorar el país y su democracia? O más bien, ¿el propósito de crear las condiciones para reelegir al gobierno y con ello “reelegir” sus propias prebendas y beneficios?
La intervención en el proceso participativo de beneficiarios económicos y políticos de las actividades del actual gobierno resulta problemática sobre todo por solapada. El presidente, sus asesores más cercanos, los políticos de su coalición y el grupo de contratistas, alimentan un clima de opinión en el que la reelección de Uribe aparece como una necesidad de la “patria” y quienes se le oponen figuran como temerosos de la participación popular, auxiliadores de la subversión o enemigos de los intereses superiores de la nación. Y el resultado principal de la tramoya es que del escenario desaparecen –o se camuflan- los principales beneficiarios de esta “continuidad”. De tal suerte que toda responsabilidad política queda diluida en la amorfa masa de ciudadanos; tres, cinco, siete millones, no sabemos cuántos. Lo que sí sabemos es que el lote grueso de los beneficios del proceso no quedará distribuido entre esta multitud. Tristemente, el referendo se ha ido convirtiendo en una motosierra en las manos inadecuadas.
Comentarios