La
incertidumbre ha sido el sello de los días posteriores a la celebración del
plebiscito del 2 de octubre, cuyo resultado bloqueó la implementación de los
acuerdos de La Habana. El rumbo de los acontecimientos estará marcado, en gran
medida, por la manera en que los líderes políticos ponderen sus posiciones, le apuesten
a reducir la polarización generada durante la campaña y logren entablar un
diálogo incluyente y eficaz para desbloquear la ruta hacia la implementación de
los acuerdos largamente trabajados entre el Gobierno y las FARC.
Para esto resulta determinante la actitud de los sectores sociales movilizados a favor de la salida negociada. La persistencia de sus señales –marchas, cartas, notas ciudadanas– puede obligar a las partes implicadas a evitar la ruptura del proceso, puede mostrar a los líderes la inconveniencia de arruinar con propuestas improcedentes lo ya logrado y puede hacer evidente la torpeza de mezclar este debate con la contienda presidencial del 2018, ligereza que evidencia ambición electoral e insensibilidad ante los horrores de la guerra.
Es un hecho que la derrota electoral del Sí presiona a favor de la recomposición de la coalición encargada de liderar el proceso. Cabe el riesgo de que sectores políticos acostumbrados a traducir el respaldo en las urnas como poder de veto, reclamen la “parte del león”, haciendo inviable la salida negociada y estrujando al país a un nuevo ciclo de confrontación. Por eso en la incertidumbre anida el riesgo de truncar un proceso que ya tenía avances serios en varios ejes importantes: la ley de tierras, la reconstrucción de la memoria histórica y búsqueda de la verdad, el desminado humanitario, el acompañamiento de la comunidad internacional para la verificación de los acuerdos y algunos gestos que mostraban la voluntad genuina –no ingenua– de las FARC de abandonar la vía armada y acogerse al juego democrático. Pasos que son ganancias para el fortalecimiento del Estado y la extensión de su soberanía territorial.
Tal vez estos avances sumados a una serie de promesas de reforma contenidos en el acuerdo constituyan la amenaza contra la que enfilaron baterías –mentiras, miedo y dinero– los portavoces más visibles del NO. Lo que evidencian los acontecimientos es que dichos portavoces –Uribe a la cabeza y Ordóñez, Marta Lucia Ramírez y el sector mas retrógrado de las iglesias como soporte– usan la plataforma del NO para el lanzamiento de sus pretensiones electorales. Mas que un compromiso con una democracia que proteja los intereses de las minorías, que propicie una genuina apertura democrática y que preserve las libertades, esta avanzada del NO, pendenciero y moroso para las soluciones, constituye la asfixia de los matices, sumidos en la telaraña de aquél que muestra mayor capacidad para capitalizar el éxito electoral.
Además de los sectores que ganaron visibilidad electoral con el NO, hay otros poderes fácticos seriamente interesados en continuar en un clima bélico. Una escena marcada por la concentración de las fuerzas estatales en esta confrontación, favorece a otros actores como las BACRIM, las bandas de traficantes –de droga, gente y contrabando– y a otros sectores sociales que pisan la delgada línea que une la rentabilidad de sus negocios con el mundo criminal. Todos ellos tienen la confianza de que un Estado con recursos insuficientes es incapaz de luchar contra todos los bandos que retan su legitimidad y su eficacia. Saben que, siguiendo la ruta convencional, el Estado destinará sus recursos a la lucha antisubversiva, proporcionándoles a ellos un doble beneficio: una limitación de las amenazas creíbles y eficaces a sus nichos de poder y, aprovechando la economía de escala que ofrece el desorden, la posibilidad de obtener mayor rentabilidad a sus servicios.
Todo esto deja enseñanzas y advertencia sobre el futuro político. El aprendizaje básico tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos forman sus preferencias, en ausencia de incentivos materiales para movilizar su apoyo. La eficacia de los promotores del NO para posicionar el miedo, el resentimiento o la indignación desinformada mostró que es poco el interés en verificar lo que se dice y que el afán y la ligereza para tomar decisiones importantes son tributarias del fanatismo y la irresponsabilidad. La otra cara de la misma moneda es la dificultad para comunicar las bondades de un país sin guerra, con un escenario político más amplio y en el que no se estigmatice al opositor político. Condiciones todas ellas para poder desanudar el vínculo perverso entre política y armas, que evite tanto la reincidencia de los combatientes como el asesinato de los desmovilizados.
Las regiones
y los pobladores golpeados duramente por la restricción de libertades, los bombardeos,
las tomas guerrilleras, los ataques paramilitares, las oportunidades sociales y
económicas apocadas por las dinámicas bélicas, reclaman con vehemencia un
acuerdo que evite que sus territorios sigan siendo marcados por el sino trágico
de la guerra. Los ciudadanos de la región central –belicista pero relativamente
pacificada– fueron determinantes para el resultado del plebiscito ¿Ganarán en
las actuales circunstancias sensibilidad y capacidad de valorar el dolor de las
víctimas en contraste con sus miedos imaginarios al castrochavismo, la
ideología de genero o al guerrillero reintegrado social, económica y
políticamente? La manera en como se resuelva esta fractura social y territorial
marcará nuestra apuesta política como nación.
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